Aumentan agresiones contra libertad de expresión en Perú

Aumentan agresiones contra libertad de expresión en Perú

Los medios de comunicación tienen un gran poder, no cabe ninguna duda, en la formación de la opinión pública. Por ello el gobierno fascista y genocida que gobierna el Perú se ha lanzado en una Santa Cruzada para liquidar a todos los medos de comunicación, bueno, para ser más exactos, a los medios de comunicación que no son serviles al apra. La nota apareció en el diario La República:



Peligro. Denuncian ante Comisión Interamericana de DDHH. También hicieron notar que el Estado peruano tiene actitud de rechazo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

María Elena Castillo.

Las amenazas contra la prensa y organizaciones de la sociedad civil que son críticas al gobierno peruano se ha incrementado en el último año, advirtió el director del Instituto de Defensa Legal, David Lovatón, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sostuvo que por un lado el gobierno ha enfrentado las protestas sociales de forma desproporcionada y usando “métodos poco democráticos”, así como la participación de las Fuerzas Armadas.

Lovatón agregó que el gobierno ha intentado silenciar a las radios Uno y Caplina, de Tacna, y Cutivalú de Piura, que informaron de forma independiente sobre los conflictos generados a raíz de la instalación de industrias extractivas en dichas zonas, y relató cómo se canceló de forma arbitraria la licencia de Radio La Voz de Utcubamba, en Bagua.

Lovatón precisó que el gobierno está utilizando indebidamente procedimientos administrativos para cerrar las radioemisoras consideradas como “demasiado incómodas para el régimen”.

Solicitó que la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, realice una visita al Perú, a fin de tomar conocimiento directo de la situación que se vive en el país.




CVR y sucesos de Bagua

El Estado peruano tiene una evidente actitud de “distancia y rechazo” a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que se observa a través de declaraciones de las más altas autoridades y voceros oficiales, denunció el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra.

Relató que el vicepresidente Luis Giampietri y el ministro de Defensa, Rafael Rey, dicen que este documento contiene una serie de afirmaciones “injustas y calumniosas” sobre las Fuerzas Armadas, desmintiendo que algunos efectivos militares hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como concluyó la CVR.

Gamarra refirió que las investigaciones judiciales sobre violaciones a derechos son excesivamente lentas, pues a seis años del informe el 92% siguen en el Ministerio Público y que la Sala Penal Nacional ha distorsionado las características de la desaparición forzada, no ha valorado adecuadamente las pruebas, ha presentado los crímenes como eventos aislados y ha declarado prescritos varios crímenes contra los derechos humanos.

Por otro lado, la presidenta interina de AIDESEP, Deysi Zapata, dijo que el Ejecutivo mantiene una política de discriminación de los pueblos indígenas, desconociendo su derecho a la consulta.

El directivo de Aprodeh, Miguel Jugo, dijo a su turno que persiste la persecución contra dirigentes amazónicos por los enfrentamientos de Bagua y pidió la presencia de un observador internacional en la investigación de estos sucesos.

Pastor anuncia denuncias penales

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, explicó que existe una alianza entre el terrorismo y el narcotráfico, que actúa en la selva peruana asesinando civiles y miembros de las fuerzas del orden, lo que ha llevado al Estado a eliminar beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo. Aclaró que la legislación antiterrorista fue modificada para cumplir con los estándares internacionales. Por otro lado, anunció que el gobierno está elaborando denuncias penales contra los que dañaron la imagen del país, acusando al gobierno de genocidio durante los sucesos de Bagua.

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, señaló que se está actuando con pulcritud e independencia en los procesos judiciales seguidos por las muertes durante el enfrentamiento de nativos y policías en Bagua y descartó cualquier tipo de presión de parte del Ejecutivo. “El Estado está actuando, en este caso, con sujeción a lo que dicen las normas internacionales respetando los derechos humanos de los nativos”, indicó.

Fuente:

Diario La República